José Luis F. S., gerente de Maikan Canino, S.L., y su socio Francisco B.U.,  administrador de la empresa VETMOVIL, S.L. y asistente técnico y veterinario, investigados ambos por delitos de maltrato masivo de animales e intrusismo profesional, quedarán sin ser juzgados pese a haber concluido el Ministerio Fiscal y el propio juez del caso que “de las actuaciones practicadas resultan acreditados múltiples hechos (…) que indiciariamente presentan caracteres de delitos relativos a la protección de los animales domésticos”.

A pesar de esta conclusión del Juzgado de Instrucción, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que se declare el sobreseimiento provisional de los dos presuntos maltratadores. Según la Audiencia Provincial, las declaraciones de los investigados se produjeron concluido el plazo de instrucción, sin que el juzgador hubiese prorrogado la causa en el plazo legal.

Instalaciones de Maikan Canino, S.L.

Tras un recurso presentado por uno de los investigados, se ha puesto de manifiesto un error formal en el procedimiento. Según la Audiencia Provincial de Madrid, las declaraciones de los investigados se produjeron superado el límite de los seis meses de la investigación y, por tanto, son consideradas inválidas. Sin que los investigados hayan prestado una declaración válida, y no pudiendo subsanar este error ya que el plazo de la Instrucción ha terminado, solamente queda la opción del sobreseimiento provisional de los investigados.

En el año 2017, la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM) interpuso una denuncia contra Maikan. El Seprona investigó los hechos ocurridos desde el año 2013 en las instalaciones de la empresa todos relacionados con la recogida de animales abandonados gestionadas por ambos investigados

Tras la investigación, el Seprona y el Ministerio Fiscal concluyeron la existencia de indicios de maltrato animal e intrusismo profesional. Según el atestado del Seprona incorporado a la causa, solo en el año 2017, la otra empresa de Francisco B.U. (Recolte Servicios y Medio Ambiente S.L.), se deshizo de más de 7.000 kilos de cadáveres en los vertederos. Según testimonios que han relatado algunos testigos, los animales no eran alimentados, llegando en el caso de los gatos a comerse los unos a los otros. Un extrabajador cuenta lo siguiente: “Recuerdo cómo una gata llegó al centro con las patas traseras rotas, y estuvo en un trasportín sin ninguna atención de ninguna clase, hasta que murió (…). Era habitual tener que recoger restos de cadáveres de gatos, porque se comían entre ellos por falta de alimentación«.

Asimismo, según testimonios también de un extrabajador, el veterinario Francisco B.U., profesor en la Universidad de Alfonso X El Sabio, llevaba al centro de Maikan a auxiliares sin conocimiento veterinario alguno para sacrificar a los animales: “Algunos tardaban hasta diez minutos, y morían con grandes temblores y convulsiones”, afirma el extrabajador, puesto que, presuntamente, no se les suministraba el eutanásico para su peso ni de manera adecuada, ni se les realizaba una sedación previa.

En 2019, el Juez de Instrucción recogía en su Auto lo siguiente: “Los investigados, consciente e intencionadamente, estuvieron dejando de atender necesidades vitales de alimento de múltiples perros y gatos recogidos en los términos municipales de Ayuntamientos con los que tenían concertada la recogida y alojamiento de animales extraviados, abandonados o vagabundos, especialmente de los no identificados, matando a muchos de ellos en cuanto podían tenerlos por abandonados legalmente, mediante práctica de eutanasias no indicadas ni supervisadas por veterinario y por razones ajenas a estrictos motivos de sanidad animal”.

El Ministerio Fiscal presentó una solicitud de 18 meses de cárcel para ambos investigados, y 15 meses de cárcel para las auxiliares veterinarias Carolina S.B y Raquel G.L por un delito de intrusismo profesional continuado. También pedía una multa a Guillermo U.M por este último delito. Maikan, por su parte, continúa colaborando a día de hoy con los Ayuntamientos de Sanse y Alcobendas, entre otros.

Diario de Sanse / FAPAM

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