Las viviendas del Plan Vive de San Sebastián de los Reyes, impulsadas por la Comunidad de Madrid, podrían haber sido construidas ilegalmente. Según un Oficio de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en torno a 150 de las 488 viviendas de alquiler social se encuentran construidas de manera ilegal en el cauce del Arroyo de la Dehesa, en el barrio de Tempranales.

Tal y como se han hecho eco varios medios nacionales esta mañana, este organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha indicado que no será posible «legalizar viviendas que se encuentran ocupando un cauce, dado que se trata de dominio público hidráulico». Estas viviendas del Plan Vive nunca podrían ser habitadas al haber sido construidas incumpliendo la normativa vigente.

Según el propio organismo, las administraciones públicas y las empresas encargadas de gestionar el lote tres del Plan Vive (ConVive Madrid), Culmia (gestor del alquiler Sogeviso y constructora Ávintia), fueron advertidas en la fase inicial del proyecto, cuando aún se podía corregir los errores. De las 488 viviendas, aproximadamente 150 han sido construidas de forma irregular.

La normativa supuestamente vulnerada es la Ley de Aguas, que prohíbe invadir, ocupar o extraer áridos de los cauces sin la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica. Esta autorización no existe para el caso de las viviendas en el Arroyo de la Dehesa. La resolución del procedimiento sancionador de la Confederación Hidrográfica del Tajo obliga a la empresa concesionaria a “reponer las cosas a su estado anterior” y pagar una multa de 1.500 euros.

Una de las posibles consecuencias sería la demolición de las viviendas, aunque no existe ninguna orden de la Confederación. De hecho, no pueden ordenar demoler algo que todavía no se ha terminado de construir, pero sí pueden pedir que se eche abajo cada vivienda que discurra por el cauce que fijan los mapas del organismo. El expediente sancionador está en tramitación, ya que la empresa concesionaria ha presentado recursos para intentar legalizar las viviendas. La falta de daño a la zona afectada hace que la corrección del error sea factible, según la resolución.

 

Hace poco más de un mes, se abrieron las solicitudes para adquirir uno de estos pisos. La alcaldesa de la localidad, Lucía Fernández, junto al consejero de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, presentaron el piso piloto.

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