Los funcionarios del Padrón Municipal de San Sebastián de los Reyes, que fueron suspendidos por el gobierno municipal, han emitido un comunicado en el que refutan las acusaciones de borrar a 4,544 residentes del censo electoral sin su conocimiento. De hecho, según ha podido conocer Diario de Sanse, ya están trabajando con un equipo jurídico por la noticia difundida este martes.

En el comunicado, los funcionarios argumentan que es responsabilidad de los Ayuntamientos dar de baja de oficio a aquellos que están inscritos de manera indebida según las leyes vigentes. Aseguran que todos los expedientes se tramitaron siguiendo la normativa vigente y que se notificaron a los interesados.

Los dos funcionarios, que han sido suspendidos de empleo y sueldo durante seis meses, explican que su labor se limitó a procesar los expedientes de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Atención Ciudadana, la documentación enviada al Instituto Nacional de Estadística y el Consejo de Empadronamiento, que toma la decisión final mediante un informe.

Además, los trabajadores del Ayuntamiento consideran que la decisión del gobierno es «arbitraria y completamente injusta». Lamentan que se les acuse de irregularidades de manera «gratuita y tendenciosa». En el comunicado, también defienden que las bajas se realizaron en casos de empadronamientos irregulares y con la debida documentación, y subrayan que es imposible determinar la tendencia ideológica de los afectados.

 

Los funcionarios hacen hincapié en que después de las elecciones del 28 de mayo, solo se presentaron seis incidencias o reclamaciones censales el día de la votación, refutando la idea de reclamaciones masivas por parte de los afectados.

El comunicado completo es el siguiente:

«En nuestra condición de empleados municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y habiendo sido aludidos en el artículo “EL 5% DE LA POBLACIÓN DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, BORRADA “ILEGALMENTE” DEL CENSO, venimos en efectuar las siguientes consideraciones:

Es absolutamente falso, que por nuestra intervención se hayan borrado del censo electoral a 4.544 residentes en el municipio sin conocimiento de los afectados.

Es una obligación de los Ayuntamientos dar de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, y como consecuencia de ello, se iniciaron todos los expedientes cuando se tenía conocimiento de una inscripción indebida.
Todos los expedientes se han tramitado conforme a la normativa vigente, realizando las notificaciones establecidas en la ley para que los interesados pudieran realizar las consideraciones que tuvieran por conveniente.

Queremos poner de manifiesto que los empleados municipales apartados nos hemos limitado a tramitar los expedientes, en función de la información aportada por los funcionarios del servicio de atención ciudadana (SAC), y tras la correspondiente tramitación, que es certificado por el Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local, se remite la documentación correspondiente al INE, quien a través del Consejo de Empadronamiento, que examina a todos los implicados, y emite el informe correspondiente, aceptando o denegando las bajas por la existencia de un movimiento registrado en sus archivos, y por lo tanto siendo el organismo que definitivamente adopta la decisión.

Al haberse tramitado los expedientes conforme a la normativa, nunca se ha podido causar indefensión a los interesados, pues han podido ejercer todos sus derechos, y tampoco es cierto que muchos vecinos acudieran al Ayuntamiento a presentar un escrito de reclamación, y mucho menos de forma masiva en las elecciones de 28 de mayo. (únicamente constan 6 incidencias, que son reclamaciones censales el día de la votaciones)

Rechazamos de plano la afirmación relativa a que hemos hecho desaparecer del padrón a miles de ciudadanos, por ser absolutamente falso, pues además no desaparecen sin que constan como de baja y mucho menos que se haya hecho a sabiendas de que se estaba haciendo mal, pues siempre se ha cumplido el procedimiento administrativo antes reseñado.

 

Por lo que respecta a que estos hechos han provocado “alarma social”, hemos de indicar que no ha existido reclamación alguna al respecto, por lo que consideramos que es una decisión arbitraria y absolutamente injusta.

Las bajas se han dado donde los empadronamientos eran irregulares, y todas tienes como base la existencia de una irregularidad, comprobada en el oportuno expediente, siendo imposible saber cual es la tendencia ideológica de los afectados, por lo que se nos están imputando actuaciones irregulares, de forma gratuita y tendenciosa.

Es necesario realizar esta rectificación dado que nadie ha intentado ponerse en contacto con nosotros para poder dar nuestras explicaciones a este atropello».

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