La Asociación de Padres de Personas con Discapacidad (Apadis) se suma a la solicitud del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a la Administración, pidiendo que asuma el coste de las pruebas de COVID-19 de las personas con discapacidad atendidas en recursos sociales y su personal de apoyo, como cuestión de salud pública.
El CERMI ha reclamado el coste de todas las pruebas diagnosticadas para detectar contagio por coronavirus de personas con discapacidad atendidas en recursos sociales. «Es de interés público sanitario el que se conozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnosticas del COVID-19«, explica APADIS.
Además ha cambiado la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, en las ultimas instrucciones se ha planteado la obligatoriedad de realización de pruebas PCR a las personas con discapacidad y sus personas de apoyo, previo al inicio de actividades, tras periodos vacacionales y también de forma periódica. Y es que el coste de las serología recae en las personas con discapacidad por un lado y por otro en las empresas.
Desde la Asociación explican «en una situación de pandemia, todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o control de la enfermedad, so asuntos de salud pública de primer orden, por lo que han de recaer en la Administraciones, y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad», concluyen.
