El grupo municipal Izquierda Independiente ha solicitado formalmente la paralización del proyecto de urbanización y la retirada del de reparcelación, denunciando que el Gobierno liderado por Lucía Fernández (PP) está avanzando en las obras sin «seguridad jurídica» y sin haber contestado a las múltiples alegaciones presentadas hace más de siete meses.
Frente a la imagen de barrio sostenible que proyecta el Gobierno local, el portavoz de la formación independiente, Juan Torres, sostiene que el diseño actual «maquilla» las cifras de zonas verdes al incluir rotondas y medianas como espacios naturales. Sin embargo, el punto más crítico de la denuncia reside en la salud pública: según el partido, el propio proyecto reconoce la imposibilidad de construir colegios o centros sanitarios dentro del barrio debido a que los niveles de ruido de los aviones superan los límites permitidos.
Izquierda Independiente alerta además de que la Declaración Ambiental Estratégica vigente es de 2019 y no tiene en cuenta el cambio en la codificación de las rutas aéreas, lo que dejaría al desarrollo sin un marco legal medioambiental actualizado.
La formación también ha puesto el foco en la «indefensión» de los ciudadanos. Acusan al Ejecutivo de permitir la comercialización de viviendas y la captación de reservas de dinero por parte de promotoras y cooperativas a pesar de que el proyecto de reparcelación no tiene aprobación definitiva. «Nos preocupa que haya vecinos dando miles de euros sin saber con certeza si este proyecto saldrá adelante», lamenta Torres, quien califica la actitud del Gobierno de «temeridad» que podría derivar en un «desarrollo fantasma».
En cuanto al acceso a la vivienda, el grupo de la oposición rebate el discurso oficial sobre la asequibilidad de los inmuebles. Recuerdan que el incremento del 57% en el precio del módulo de vivienda protegida aprobado por la Comunidad de Madrid impedirá que los jóvenes del municipio accedan a estas casas. Como alternativa, proponen el uso de parcelas municipales para vivienda pública en lugar de cederlas a empresas privadas.
Desde Izquierda Independiente no descartan acudir a la vía judicial si el Partido Popular persiste en aprobar la reparcelación sin resolver las deficiencias señaladas, que incluyen la falta de un plan de infraestructuras y la obligación legal de soterrar las líneas de alta tensión antes de construir.
Igual deberian fijarse en quien son los propietarios del suelo y que relacion tienen con la corporacion municipal…….