Quién manda en lo que se construye en Sanse: el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid? Esa es la pregunta que ha puesto sobre la mesa Más Madrid Sanse al presentar sus alegaciones contra la nueva Ley LIDER (la nueva Ley del Suelo regional). Según la formación local, esta norma es un «cheque en blanco» para que los intereses privados pasen por encima de las necesidades reales de los vecinos.
Para la portavoz municipal, Ángela Millán, la ley no busca que la ciudad crezca con cabeza, sino facilitar el «negocio» con el terreno.
Las tres «líneas rojas» que denuncia el partido en Sanse:
- Urbanismo «a dedo»: Más Madrid advierte que la ley rompe la planificación actual para permitir proyectos individuales impulsados por empresas. Esto, dicen, impide ver el impacto total que una obra tiene en el barrio o en el tráfico de la zona.
- Castigo al medio ambiente local: Sanse tiene suelos agrícolas y ecológicos de gran valor. El partido alerta de que, al aprobar proyectos de forma fragmentada, será mucho más difícil proteger estos espacios naturales frente a las constructoras.
- El Ayuntamiento, «de manos atadas»: Una de las críticas más duras es que la Comunidad de Madrid podrá imponer proyectos declarándolos de «interés regional». «Convierte a los ayuntamientos en meros mandados; el modelo de Sanse lo deben decidir sus vecinos», denuncia Millán.
¿Bajará la vivienda? «Al revés, habrá más especulación»
Frente a la promesa de que liberar suelo bajará los precios, Más Madrid Sanse asegura que la ley hace justo lo contrario: facilita la entrada de fondos de inversión y reduce lo que las promotoras deben ceder al municipio. «Nos dicen que servirá para abaratar la casa, pero lo que vemos es más margen para la especulación y menos vivienda pública», explican desde el grupo.
Un modelo de ciudad diferente
Desde la formación exigen que se retire este proyecto y se apueste por una planificación pública real. Su propuesta para Sanse pasa por blindar el medio ambiente y reforzar el parque de vivienda pública en lugar de dejar el crecimiento de la ciudad en manos del mercado.
Con estas alegaciones, el grupo municipal busca que la Comunidad de Madrid dé marcha atrás y abra un proceso de diálogo con los ayuntamientos antes de que la nueva ley sea definitiva.
