El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha anunciado oficialmente este jueves 9 de octubre que la escuela privada El Ardal será precintada el lunes 13 de octubre. La medida llega después de que la Justicia haya rechazado, en hasta cuatro resoluciones de dos juzgados distintos, las medidas cautelares solicitadas por el propio centro y por una asociación vinculada a este.
Según ha explicado el equipo de Gobierno de San Sebastián de los Reyes, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha iniciado además los trámites para revocar la autorización educativa del colegio, que hasta ahora le permitía impartir las etapas de infantil y primaria. La razón, señalan, es la falta de las licencias urbanísticas necesarias exigidas por la normativa autonómica para ejercer cualquier actividad educativa.
El Ayuntamiento recuerda que ya había advertido a la dirección del centro, antes de finalizar el curso pasado 2024-2025, de la obligación de cesar su actividad. La orden de suspensión fue notificada oficialmente en junio, con el objetivo de evitar la apertura en el nuevo curso 2025-2026. Sin embargo, según alega el comunicado, El Ardal inició las clases “con normalidad”, sin comunicar la situación a las familias ni al personal del centro, algo que el Ayuntamiento considera “sorprendente” y que, según ha anunciado, tendrá consecuencias judiciales.
Desde el punto de vista urbanístico, el Ayuntamiento subraya que los terrenos sobre los que se asienta la escuela están calificados como suelo no urbanizable de especial protección, algo que, comentan, era “conocido por el centro desde sus comienzos”, lo que impide su legalización.
La situación irregular de la escuela privada El Ardal se remonta a más de dos décadas atrás. Desde el año 2002, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha ordenado en reiteradas ocasiones el cese de su actividad, una medida que fue ratificada por los Juzgados y Tribunales en resoluciones firmes dictadas en 2003 y 2005. Entre los años 2003 y 2014, la dirección del centro llevó a los juzgados la naturaleza de los terrenos sobre los que se asienta la escuela, pero todas sus reclamaciones fueron desestimadas, confirmando así la imposibilidad legal de ejercer allí una actividad educativa. Según el comunicado oficial, todo parece indicar que el colegio, a pesar de conocer que se sitúa sobre suelo no urbanizable de especial protección y carecer de las licencias urbanísticas necesarias, habría omitido esta información a familias y trabajadores. El pasado 29 de mayo de 2025, el Ayuntamiento reiteró en una reunión con la dirección la necesidad de suspender la actividad. El 16 de junio se dictó una nueva resolución en el mismo sentido, respaldada posteriormente por la Administración de Justicia. Ante el incumplimiento voluntario de esta orden, el comunicado manifiesta que el centro se enfrenta ahora al precinto definitivo de sus instalaciones.
Finalmente, el Ayuntamiento ha asegurado que trabaja junto con la Comunidad de Madrid para garantizar la escolarización de todos los alumnos afectados, según alegan “tal y como se ha comunicado a todas las familias que se han interesado por la situación”, reiterando que la situación es consecuencia de “la deriva irresponsable del centro y su caso omiso a la hora de acatar y ejecutar las sentencias judiciales y las diversas resoluciones municipales que han sido incumplidas de forma recurrente durante más de 20 años”.
