El Grupo Municipal Socialista de San Sebastián de los Reyes ha emitido un comunicado en el que denuncia públicamente lo que consideran una «decadencia» de los servicios en el Hospital Infanta Sofía. Según el PSOE de Sanse, esta situación es consecuencia directa del modelo de gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid, al que acusan de anteponer el beneficio económico a la salud pública de los vecinos.
En su denuncia, el PSOE se apoya en las recientes quejas sindicales de UGT respecto a la gestión del Laboratorio Central de la Comunidad de Madrid, servicio externalizado a la empresa Ribera Salud. Los socialistas locales sostienen que este modelo se basa en el recorte de personal y la precariedad laboral, lo que estaría provocando retrasos en la gestión de muestras y una «fuga continua» de profesionales experimentados en el centro hospitalario que da servicio a la ciudad.
Desde el PSOE de Sanse subrayan que, a pesar del aumento de población en la zona norte desde 2008, las plantillas no se han reforzado. Asimismo, vinculan la quiebra de la empresa Unilabs y el despido de un centenar de trabajadores con el «colapso» del servicio que afecta a más de 1,4 millones de madrileños, incluidos los usuarios del Infanta Sofía.
El comunicado también señala directamente la responsabilidad política de la alcaldesa del municipio, Lucía Fernández. El PSOE califica de «complicidad» la postura de la regidora, a la que acusan de «mirar hacia otro lado» y seguir las directrices del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso en lugar de defender la sanidad pública de San Sebastián de los Reyes.
Para el principal partido de la oposición, la externalización de muestras a otros centros no es una muestra de eficiencia, sino de un «abandono deliberado». Por todo ello, el PSOE de Sanse ha exigido formalmente el fin de la gestión privatizada y reclama una apuesta decidida por profesionales estables y cualificados.
«La sanidad no puede gestionarse como un negocio ni someterse a fondos de inversión», concluye el comunicado socialista, insistiendo en que la defensa de la atención sanitaria digna es una «obligación política y moral» que el Gobierno local debería asumir.
