La medida del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de cerrar la escuela El Ardal ha provocado una profunda preocupación entre las familias y la comunidad educativa del centro. La escuela es reconocida por su modelo pedagógico inclusivo, especialmente adaptado para atender a niñas y niños con neurodivergencia y discapacidad.
El cierre se llevará a cabo el 6 de octubre, según ha publicado el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, lo que afectará a más de 140 alumnos con el curso escolar ya iniciado. Las familias advierten que la perdida de éstos vínculos de apego con compañeros, docentes y psicólogos pueden generar “ansiedad, desarraigo y tristeza, dificultando la adaptación”.
Un modelo educativo respetuoso
Los afectados resaltan que El Ardal no es una escuela convencional, sino que se trata de un proyecto educativo respetuoso, basado en la educación emocional, la creatividad y la inclusión real, con un equipo interdisciplinar que incluye psicólogos, psicopedagogos, maestros de educación especial, especialistas en atención temprana y en sistemas aumentativos de comunicación. A su vez, la escuela trabaja en colaboración con la asociación Como Uno Más, que impulsa una propuesta educativa centrada en la diversidad, el respeto y el desarrollo de los niños.
Los testimonios de las madres y padres afectados reflejan el profundo impacto que esta decisión está teniendo en ellos. Una madre señala: “Mi hijo es autista y sólo en este lugar ha encontrado refugio después de numerosos fracasos en el sistema educativo tradicional”.
“Defendemos este proyecto educativo único por su acompañamiento emocional y su equipo pedagógico. No nos vale reubicación y defendemos el derecho a la libre elección de centro educativo”, expresan con firmeza desde la comunidad de familias.
En la misma línea, Natalia Sánchez de León, madre de un alumno con autismo, comparte su experiencia: “Este colegio nos salvó. En otros centros nuestro hijo fue estigmatizado y hasta se planteaba medicarlo con antipsicóticos. Aquí encontró un espacio donde lo ven como un niño con necesidades únicas, no como una etiqueta”.
Movilización ciudadana
En respuesta a la decisión del Ayuntamiento, las familias y el personal del centro han iniciado una campaña de recogida de firmas a través de Change.org, que en solo tres días ha superado los 14.000 apoyos. Bajo el lema “El Ardal no se cierra, se cuida, se protege y se celebra”, exigen que se revierta la decisión y se garantice la continuidad del proyecto.
Los afectados reclaman la siguiente serie de puntos: una solución que garantice la continuidad y viabilidad del proyecto educativo por su extraordinario valor y aporte social; que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales de la infancia y abra un cauce real y transparente de diálogo con el centro y las familias; y finalmente, que se reconozca y se preserve el valor de este proyecto educativos inclusivo de El Ardal y Como uno más.
Las familias reclaman al Ayuntamiento que, “con voluntad política” se busquen vías de solución que garanticen la continuidad y viabilidad del proyecto educativo.
Una llamada a la responsabilidad institucional
El entorno educativo ha calificado la medida como un ataque al derecho a una educación personalizada, inclusiva y respetuosa con la diversidad. La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades para que reconsideren su postura y encuentren una salida que no sacrifique los derechos de la infancia ni destruya un modelo pedagógico único y necesario.
El comunicado del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes emitió un comunicado oficial para explicar la situación legal de la escuela privada El Ardal, anunciando que será precintada el 6 de octubre de 2025. El consistorio afirma que el centro nunca ha tenido licencia de actividad ni de obra y que está ubicado en suelo no urbanizable de especial protección, lo que impide su legalización.
Según el Ayuntamiento, El Ardal ha operado en situación irregular desde su creación, acumulando resoluciones judiciales firmes entre 2003 y 2014 que ratificaron la clasificación del suelo como «no urbanizable de especial protección». Además, denuncia obras de ampliación ilegales entre 2018 y 2020 y el incumplimiento de varias órdenes de cese de actividad.
El Gobierno local desmiente rumores sobre posibles intereses urbanísticos en los terrenos y califica de “falsas” las informaciones difundidas en redes sociales. También reprocha a la dirección del centro no haber informado a las familias y garantiza que todos los alumnos serán reubicados.
