El proyecto para construir las esperadas 68 viviendas públicas en la calle Severo Ochoa, que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes presentó recientemente como una apuesta por la sostenibilidad y el bienestar con piscina y energía solar, ha topado con un importante bache administrativo. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha enviado una queja formal a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda advirtiendo de que las normas elegidas para seleccionar a los arquitectos podrían estar incumpliendo la ley.

El núcleo del conflicto se encuentra en la puntuación que el Ayuntamiento ha decidido otorgar a las empresas participantes. Según el pliego de condiciones, se premia con puntos extra a aquellos arquitectos que prometan entregar los planos del edificio en un tiempo menor al previsto inicialmente. Esta decisión de «acelerar» el proceso no ha gustado nada a los profesionales del sector, quienes consideran que poner el reloj por delante del diseño es un error que acaba pagando el futuro vecino.

 

Desde el Colegio de Arquitectos explican que la actual Ley de Contratos del Sector Público es muy clara al respecto y prohíbe que la reducción de plazos se utilice como un indicador de calidad. El argumento es sencillo de entender para cualquier ciudadano: diseñar un bloque de 68 casas donde van a vivir familias de Sanse requiere un estudio detallado y sin prisas. Los arquitectos advierten de que, si se obliga a los profesionales a competir por ver quién es más rápido, la calidad final del edificio se resiente, aumenta el riesgo de fallos en el diseño y se acaba descuidando la excelencia que debería tener una vivienda pública.

Por todo ello, el Colegio ha pedido formalmente al Ayuntamiento que revise este criterio y lo elimine de las bases del concurso. No se trata de frenar la obra, sino de garantizar que el proceso sea abierto para todos los arquitectos y que gane el mejor proyecto técnico, no el que simplemente sea más veloz con el cronómetro. Ahora, el Gobierno municipal debe decidir si corrige estas condiciones para evitar posibles líos legales en el futuro o si mantiene su plan de acelerar los plazos para que las obras empiecen cuanto antes.

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