El Plan Vive de la Comunidad de Madrid, un programa de vivienda social, se encuentra bajo el foco de la polémica en San Sebastián de los Reyes a raíz de la subida anual de las rentas. Un residente de la promoción de la Avenida Arribes del Duero ha contactado con este medio para denunciar el encarecimiento y el impacto que esto tiene en las condiciones de acceso y permanencia.
La denuncia del vecino subraya que el incremento del precio está generando una crisis de asequibilidad en un programa diseñado, precisamente, para ofrecer un coste por debajo del mercado.
El residente expone la situación y el riesgo: «Les escribía para que se hicieran eco, que las viviendas del plan vive de Arribes del Duero, las cuales siguen muchas vacías por su alto precio, van seguir subiendo! Nos acaban de enviar un comunicado a todos los inquilinos indicando lo siguiente, por lo que todavía dificulta más la entrada de nuevos vecinos, y dificulta la de los actuales, al no poder superar el 30% de la renta como se determina en las bases del programa plan vive.»
La gestora de la promoción, TARVOS ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A.U. (ConVive Madrid), ha notificado a sus inquilinos el aumento del precio. El correo aportado por el vecino certifica la subida: «En cumplimiento de la cláusula 5.3 de su contrato de arrendamiento… le comunicamos la actualización de la renta conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC). Según el INE, la variación interanual aplicable en el mes del cumplimiento de la anualidad de su contrato es del 3,100%. Además, recuerde que los gastos por servicios comunitarios (hasta el límite de su contrato) son repercutibles y se incrementarán en la misma proporción.»
El límite de gasto bajo presión
La subida del 3,1% tensa la economía de los inquilinos al reducir el margen de cumplimiento del requisito de asequibilidad del Plan Vive. La normativa exige a los adjudicatarios no destinar más del 35% de sus ingresos netos anuales al pago de la renta.
Dado que los salarios no suelen actualizarse al ritmo de la inflación, el aumento del alquiler significa que las familias deben dedicar un porcentaje mayor de sus ingresos fijos a la vivienda. Esto acerca a los inquilinos al límite legal de gasto y, según el vecino, complica la permanencia.
El encarecimiento también agrava que las viviendas «siguen muchas vacías por su alto precio». La subida del IPC eleva el ingreso mínimo requerido para que los nuevos solicitantes puedan cumplir con la tasa de esfuerzo exigida, cerrando aún más el acceso a las unidades disponibles.
