El caso que conmocionó a vecinos, familiares y usuarios de la residencia pública Moscatelares (gestionada por una entidad privada) en San Sebastián de los Reyes encara su recta final en los juzgados. Tras una exhaustiva investigación, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas ha dictado el auto de procesamiento contra José R.R.E., el gericultor acusado de agredir sexualmente a dos residentes de 90 y 100 años en febrero de 2024.
¿Qué significa que el acusado haya sido «procesado»?
Para que los vecinos entiendan el estado del caso, el procesamiento es un paso decisivo. Significa que, tras dos años analizando pruebas y testimonios, la jueza ha concluido que existen «indicios racionales de criminalidad». Es decir, la investigación ya no es una simple sospecha; la justicia considera que hay pruebas sólidas de que el delito se cometió y de que el acusado es el responsable. Con este auto, el proceso de instrucción se da por cerrado y se abre la puerta para que se fije la fecha del juicio oral.
Según ha revelado El Periódico de España, fuente que ha tenido acceso al sumario, las dos víctimas han fallecido antes de que se celebre el juicio. Sin embargo, su voz se escuchará en la sala gracias a que se realizó una prueba preconstituida: sus declaraciones ante la jueza fueron grabadas con todas las garantías legales para que sirvan como prueba principal, evitando que el caso se cierre por la ausencia de las denunciantes.
Los testimonios recogidos son estremecedores. La mujer de 90 años relató cómo el cuidador aprovechó el momento del cambio de pañal para agredirla físicamente. «Me di la vuelta y se agarró a mí», declaró la anciana, quien a pesar de su avanzada edad conservaba plenas facultades mentales y alertó de inmediato a la trabajadora social y a la psicóloga del centro.
Una gestión bajo el foco: la segunda agresión ocurrió tras un traslado
El sumario pone de relieve una controvertida decisión en la gestión del centro. El acusado ya había sido señalado previamente por otra residente de 100 años, quien afirmó que el cuidador la agredió mientras la acostaba. En aquel momento, el empleado se defendió alegando que la mujer había «malinterpretado» una ayuda para ir al baño.
Pese a las sospechas, la dirección de la residencia optó por no despedirlo inmediatamente, sino por trasladarlo a otra planta donde hubiera residentes «con mayor capacidad cognitiva». Fue precisamente en esa nueva ubicación donde se produjo la segunda agresión denunciada. El hombre fue despedido ese mismo día, aunque, según consta en la investigación, logró ser contratado poco después en otra residencia distinta.
El acusado, que actualmente se encuentra en libertad con una orden de alejamiento de las víctimas y del centro Moscatelares, negó los hechos ante la jueza el pasado 19 de febrero. Sin embargo, la magistrada lo acusa ahora formalmente de dos delitos de agresión sexual agravada por la vulnerabilidad de las víctimas. El juicio determinará ahora la responsabilidad penal de un caso que ha puesto en entredicho los protocolos de seguridad y protección de nuestros mayores en los centros asistenciales.
